Por: Gerardo Irimia Arosemena

Cuando se aprobó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), en 1982, ya habían pasado nueve años de negociación. Desde entonces, dicho instrumento de derecho internacional ha reconocido un orden jurídico en el que se destaca la promoción de los usos pacíficos de los mares y océanos, la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino, y la conservación de sus recursos.

 

Si bien es cierto que la CONVEMAR ha permitido el desarrollo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la Comisión de Límites de Plataformas Continentales, y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. También se ha hecho evidente la necesidad de tomar en cuenta los efectos de la globalización, el cambio climático y la incursión de las nuevas tecnologías, lo que nos obliga a aceptar los retos y desafíos con los que nos enfrentamos en la actualidad.

 

En ese sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2015, destacó la importancia de preservar el equilibrio entre los usos contrapuestos de los océanos y los objetivos en materia de conservación y uso sostenible con la finalidad de instituir un régimen uniforme que regule la diversidad biológica fuera de las zonas de jurisdicción nacional; en particular sobre los recursos genéticos marinos, las herramientas de manejo en las áreas fuera de la jurisdicción nacional como son las áreas marinas protegidas, la evaluación del impacto ambiental y la creación de capacidad y transferencia de tecnología. Convirtiéndose estos elementos en los cuatro pilares que dicho documento debía contener, mediante disposiciones generales y cuestiones transversales, para posteriormente ser examinados y negociados por las reuniones de la Conferencia Intergubernamental.

 

A la fecha, las Naciones Unidas ha celebrado tres sesiones de la Conferencia Intergubernamental para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés).  La cuarta sesión de la Conferencia Intergubernamental sobre BBNJ, prevista para los meses de marzo y abril en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, fue pospuesta debido a la pandemia del COVID-19.

 

Mientras nos preparamos para el retorno a la “nueva normalidad”. La República de Panamá debería considerar las ventajas de su posición geográfica y el aprovechamiento de la ciencia, tecnología e innovación para la atracción de inversiones que permitan la cooperación internacional, en cuanto a la creación de capacidades y transferencia de tecnología, derechos de la propiedad intelectual y las actividades que resulten de la investigación científica marina.

 

Entrados ya en los albores de la “Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible”, Panamá debe destacar su importante rol en la región. El seguimiento de la Política de Integración de la Pesca y la Acuicultura de SICA/OSPESCA, el impulso que la modificación de la Ley de Pesca de 1959 proporciona para lograr una pesca sostenible y la lucha contra la pesca ilegal no declarada no reglamentada son ejemplos a destacar. A esto se añade la necesidad de compartir las buenas prácticas que, en medidas medioambientales, nuestra flota mercante realiza en el cumplimiento de sus obligaciones, con lo dispuesto por la Organización Marítima Internacional.  

 

Aún queda mucho por hacer, y parte de esto pasa por comprender que el debate en el sistema multilateral, en materia de océanos, debería ser una prioridad.

 

En estos momentos a nuestro país se le presenta una gran oportunidad para destacar su vocación marítima en la defensa del medioambiente marino, a través de la definición de una política sobre océanos. Pudiendo, de esta forma, proyectar su importancia como potencia marítima y sus intereses nacionales en próximos foros como son: la Segunda Conferencia de los Océanos y, en el año 2021,  la Conferencia “Our Oceans” donde Panamá será el país sede.

 

Gerardo Irimia Arosemena

Abogado y Diplomático de Carrera